La reciente comparecencia del presidente Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados sobre la crisis migratoria en Ceuta evidenció la creciente división dentro del Gobierno español. Mientras Sánchez defendía que no existían pruebas concluyentes contra Marruecos, basándose en informes policiales e inteligencia considerados «rutinarios», Margarita Robles, ministra de Defensa, se distanció de estas afirmaciones. Robles sugirió que los servicios de inteligencia habían emitido alertas previas sobre la situación, insinuando un manejo distinto por parte de su departamento. La tensión fue palpable en el Congreso, donde Robles mostró un apoyo limitado a Sánchez, destacando que no responderá por las palabras del presidente. En un contexto donde se evalúa desclasificar informes sensibles, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtió a Sánchez de posibles repercusiones legales y electorales, subrayando un clima político tenso en torno a la gestión de la crisis.
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