Los menores necesitaban hasta ahora el consentimiento de sus padres para ciertos procedimientos, pero si no conseguían esta aprobación, tenían la opción de acudir a un juez para obtener una decisión favorable. Este proceso, que implicaba una vía judicial alternativa para los jóvenes, se enmarca en el contexto de derechos y autonomía de los menores respecto a decisiones relevantes en sus vidas. La normativa pretendía equilibrar la autoridad parental con el derecho de los menores a tomar decisiones informadas sobre temas importantes, garantizando que ninguna de las partes quedara desprotegida en situaciones de desacuerdo.
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