El escándalo urbanístico en València ha escalado tras la petición de Compromís y PSPV-PSOE de un informe detallado sobre una controvertida permuta que dejó a 39 familias sin vivienda de protección pública. La operación, aprobada por el gobierno de María José Catalá, implicó el intercambio de solares municipales por un edificio que, según los socialistas, ya estaba prerreservado antes de la adjudicación pública, violando las condiciones del concurso. El caso ya está en manos de la Fiscalía, mientras que el Ayuntamiento, encabezado por PP y Vox, ha solicitado un informe jurídico para investigar el asunto. El portavoz socialista, Borja Sanjuan, criticó la transparencia del procedimiento, subrayando que el gobierno local estaba al tanto de las prerreservas antes de que la promotora declarara lo contrario en 2025. La abogada de la Generalitat vinculada con la empresa favorecida en la permuta añade una dimensión política a la polémica, incrementando la presión sobre el ejecutivo municipal para esclarecer la situación.
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