El 24 de noviembre de 2025, la Plataforma Intersindical, conformada por importantes organizaciones como ANPE, SATSE y USO, ha denunciado la falta de convocatoria por parte del Ministerio de Función Pública en las negociaciones sobre la reforma salarial de los empleados públicos. Esta actuación es considerada por los sindicatos como un acto de exclusión injustificable que va en contra de los principios de transparencia y buena fe negociadora.
El Gobierno ha propuesto un aumento salarial de hasta un 11% entre 2025 y 2028, aunque sin especificar cómo se distribuirá este incremento a lo largo de los años ni garantizando la recuperación del poder adquisitivo perdido. La plataforma ha reiterado que la inflación acumulada desde 2021 ha generado una significativa pérdida de poder adquisitivo y ha subrayado que cualquier aumento que no proteja la compensación del coste de la vida en los próximos dos años sería insuficiente.
Además, la Plataforma recuerda que hay compromisos aún no cumplidos, como la actualización de las indemnizaciones por razón de servicio, las cuales permanecen congeladas desde hace dos décadas, así como la necesidad de abordar las desigualdades salariales entre diferentes cuerpos y administraciones.
Las organizaciones que forman parte de la Plataforma consideran esencial su participación en estas negociaciones, ya que representan a colectivos que desempeñan funciones fundamentales en el Estado, abarcando sectores como educación, sanidad y seguridad. Por lo tanto, demandan una convocatoria inmediata y una oferta salarial que no solo recupere el poder adquisitivo, sino que también incorpore mecanismos de revisión automática vinculados al IPC y actualice dietas y retribuciones en el exterior.
La Plataforma ha mostrado preocupación por la propuesta de un acuerdo que se extienda hasta 2028, considerando que esto constituye un fraude de ley y de legitimidad, dado que el gobierno actual no puede comprometer condiciones retributivas más allá de su mandato. Asimismo, advierte que la falta de claridad sobre el futuro político y económico a largo plazo desvirtúa las negociaciones y puede llevar a malentendidos.
Dado el estado actual de las negociaciones, si no se atienden sus demandas, las organizaciones integradas en la Plataforma han advertido que iniciarán un calendario de movilizaciones a partir de enero de 2026, enfatizando que no se quedarán al margen de un asunto que afecta a cientos de miles de empleados públicos.
La Plataforma ha realizado un llamamiento urgente al Gobierno para que se comprometa a una negociación real e inclusiva, resaltando su disposición al diálogo «hasta el último minuto», pero exigiendo garantías para todos los trabajadores públicos. La presión aumenta y la movilización parece inminente si no se les convoca a la mesa de negociación.
Fuente: ANPE Andalucía.
