En 2025, España expulsó a 3.398 extranjeros, lo que representa un aumento del 12% respecto al año anterior y un incremento del 67% en comparación con 2021, según datos del Ministerio del Interior. Este aumento progresivo se ha observado desde 2021, acumulándose un total de 14.171 expulsiones en cinco años. La Policía Nacional, con competencias exclusivas bajo la Ley de Extranjería, tramitó estos procedimientos, enfocados en asegurar la seguridad nacional y excluyendo a los migrantes irregulares. Además, el artículo 89 del Código Penal permite la sustitución de penas de prisión por la expulsión directa, especialmente en condenas superiores a un año, salvo para quienes llevan más de 10 años residiendo en el país.
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