A partir del 1 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de México experimentará una transformación significativa con la llegada de nuevos magistrados elegidos por voto popular, marcando el fin de una era de deliberación colegiada. Esta transición ha sido impulsada por el partido en el poder, Morena, que orquestó un operativo electoral a favor de ministros alineados con el oficialismo, generando preocupación entre expertos en derecho sobre el posible sesgo político del tribunal. En su última sesión, la presidenta saliente, Norma Piña, destacó el papel histórico del tribunal en la protección de derechos fundamentales, a pesar de dejar sin resolver el controvertido tema de la prisión preventiva oficiosa criticado por organismos internacionales. La nueva integración de la Corte, encabezada por un abogado indígena, Hugo Aguilar, enfrenta el reto de demostrar si la reforma judicial trae un cambio real o simplemente mantiene el status quo, en medio de críticas sobre gastos excesivos y privilegios económicos mantenidos.
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