La tragedia en el Estado de México por la muerte de un niño de cinco años ha generado consternación y cuestionamientos hacia las autoridades locales. El menor, encontrado sin vida el 4 de agosto en el domicilio de tres detenidos, fue presuntamente secuestrado por una deuda que su madre no pudo saldar. Tras su muerte, el director del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de La Paz renunció, en medio de críticas por la gestión del caso. Las autoridades enfrentan presión por no haber respondido a tiempo a las súplicas de la madre, quien buscó ayuda repetidamente. Claudia Sheinbaum, presidenta, exige cambios en la Fiscalía para evitar futuros incidentes y asegurar que se haga justicia. La investigación continúa bajo la mirada atenta de las familias y la comunidad, quienes exigen respuestas y acciones concretas.
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La tragedia de Fernandito: corrupción y abandono en el sistema judicial mexicano
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