La Unión Europea ha dado un paso decisivo con el respaldo unánime de sus 27 integrantes a una iniciativa encabezada por Países Bajos para reformular el plan europeo de semiconductores. Este movimiento implica un cambio de estrategia: en lugar de intentar recuperar cuota global en bloque, se centrarán en fortalecer los puntos débiles de la cadena de valor en Europa. Este esfuerzo, que se perfila como una suerte de «Chips Act 2.0», busca aumentar significativamente las inversiones, multiplicándolas por cuatro en comparación con los 43.000 millones de euros previstos en 2022. Este ajuste surge ante la realidad de que Europa no está en camino de alcanzar el objetivo de controlar el 20% de la producción mundial en 2030.
El contexto internacional impone una competencia intensa, influenciada por los grandes subsidios de Estados Unidos y la sólida presencia de Asia, particularmente Taiwán y Corea del Sur. Europa se enfrenta a retos como el aumento de costos, extensos plazos para construir fábricas, escasez de talento y cuellos de botella energéticos y regulatorios que han frenado su avance.
Este nuevo enfoque abandona la idea de abarcarlo todo simultáneamente y opta por atacar eslabones estratégicos. Aunque no se renuncia a la fabricación avanzada, se priorizan proyectos tractores ya anunciados y nuevas inversiones. Se pone énfasis en fortalecer eslabones críticos como materiales, equipamiento, empaquetado avanzado, diseño y suministro energético. Además, se busca aumentar y coordinar la financiación mediante la alineación de fondos de la UE, ayudas de Estado y capital privado.
La necesidad de replantear el camino responde a diversos factores: el alto costo y tiempo requerido para levantar fábricas de vanguardia, la competencia asimétrica con regiones que ofrecen incentivos fiscales masivos y la presión de la demanda estratégica en campos como la IA y la automoción eléctrica.
Europa aún mantiene capacidades relevantes en nodos maduros y lidera en segmentos clave de equipamiento, pero enfrenta desafíos en el empaquetado y test, especialmente críticos para aplicaciones de inteligencia artificial y alto rendimiento.
Para que el «Chips Act 2.0» sea efectivo, se necesita ajustar diversas palancas jurídicas y políticas: ayudas de Estado más predecibles, contratación pública que sirva de ancla para sectores críticos y simplificación de procedimientos. También es crucial abordar el déficit de talento mediante programas de movilidad y capacitación.
Los riesgos son claros: la fragmentación de capacidades, el posible efecto de «subvención eterna», la canibalización al descuidar nodos maduros y el impacto de factores geopolíticos externos. Sin embargo, para la industria se abre una oportunidad de cofinanciación y acceso a un mercado con reglas claras, mientras que para los asesores legales se incrementa la necesidad de diligencia debida en temas de ayudas públicas y contratos complejos.
Los próximos pasos dependen de la capacidad de Bruselas y las capitales para concretar el monto exacto de nuevas inversiones, seleccionar proyectos prioritarios y reformar las políticas de permisos y energía. Si Europa logra movilizar capital privado, acelerar permisos y alinear talento y energía, podrá consolidar su posición en la cadena de valor global de semiconductores. De lo contrario, el riesgo es quedar relegado sin masa crítica en vanguardia ni fortaleza en los componentes esenciales para la economía.
