La Generalitat ha emitido una respuesta a una reclamación presentada en 2017 por un propietario que fue sancionado, tras imponer en 2024 penalizaciones que superaron los 380.000 euros. La medida, que forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración para reforzar las normativas existentes, busca asegurar el cumplimiento de las regulaciones locales y garantizar la eficacia en la gestión de propiedades. El caso del propietario sancionado refleja la postura firme de las autoridades ante infracciones y subraya la importancia de adaptarse a las normativas para evitar sanciones económicas severas.
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La Unión Europea examinará las sanciones lingüísticas a comerciantes catalanes por no usar el catalán en sus rótulos
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