En medio de un contexto cada vez más volátil y cargado de tensiones sociales en Estados Unidos, el año 2025 ha sido testigo de un auge en las protestas a lo largo del país. Uno de los movimientos más prominentes, conocido como «No Kings», ha surgido como un claro desafío al creciente poder corporativo y al uso indiscriminado de tecnologías de vigilancia por parte del gobierno.
En este clima de inconformidad ciudadana, las fuerzas del orden, incluyendo a la Patrulla Fronteriza de EE. UU., han recurrido a herramientas avanzadas de control social para monitorear los desplazamientos de los manifestantes. En particular, el sistema de Flock Safety, basado en la lectura automática de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés), ha estado en el centro del debate por su uso generalizado en estos contextos.
Un reciente análisis de datos ha revelado que más de 50 agencias, tanto federales como estatales y locales, han realizado múltiples búsquedas relacionadas con las protestas. El sistema ALPR de Flock Safety captura detalles precisos de cada vehículo que pasa frente a sus cámaras, alimentando una base de datos nacional. Sin embargo, existe una preocupación palpable sobre la falta de justificaciones claras para estas operaciones, muchas veces realizadas bajo el paraguas del término «protesta».
Datos obtenidos por Efforts for Freedom (EFF) han puesto en evidencia que, entre diciembre de 2024 y octubre de 2025, más de 12 millones de registros de búsqueda se han generado, abarcando más de 3,900 agencias. Particularmente significativo es el aumento en las búsquedas vinculadas al movimiento «No Kings», donde 19 de estas agencias realizaron búsquedas reiteradas usando únicamente «protesta» como razón.
En lugares como Tulsa, las fuerzas policiales han llevado a cabo al menos 38 búsquedas relacionadas con manifestaciones diferentes, como aquellas en contra de redadas de deportación y otros eventos de derechos humanos. Este tipo de prácticas ha impulsado un debate cada vez más acalorado sobre la necesidad de establecer regulaciones más rigurosas para salvaguardar los derechos civiles, exigiendo órdenes de búsqueda antes de acceder a dichos datos.
La vigilancia no se ha limitado solo a protestas políticas tradicionales; también se ha extendido a otras formas de activismo, como el de los defensores de los derechos de los animales. En este contexto, la organización Direct Action Everywhere (DxE) ha sido objeto de un monitoreo sostenido por parte de diversas agencias a través del sistema de Flock.
El impacto de este tipo de vigilancia masiva ha comenzado a sentirse con fuerza en las calles, generando un efecto disuasorio entre posibles participantes de futuras manifestaciones. Abogados y activistas levantan la voz contra lo que consideran una violación al derecho de libre expresión, exigiendo el desmantelamiento de estos sistemas que registran a ciudadanos simplemente por ejercer su derecho a protestar.
La situación plantea un dilema fundamental sobre hasta qué punto la aplicación de tecnología avanzada en la vigilancia y control social puede coexistir con los principios fundamentales de una sociedad democrática que valora la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. Con las tensiones aumentando, la conversación sobre cómo equilibrar seguridad y libertad individual parece más urgente que nunca.
