La reciente sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona ha confirmado la legalidad de las medidas que LaLiga y Telefónica llevan aplicando en su cruzada contra la piratería audiovisual: el bloqueo de direcciones IP en España. Este fallo, emitido en diciembre de 2024, no solo valida las acciones llevadas a cabo hasta ahora, sino que también permite su actualización dinámica hasta el final de la temporada 2026/2027, sin requerir notificación previa a los usuarios y sin asegurar mecanismos técnicos adecuados para evitar posibles daños colaterales.
Desde principios de año, numerosas webs han sufrido bloqueos masivos de IPs en compañías como Movistar, O2, Vodafone y Digi. Aunque la intención es bloquear direcciones asociadas a la retransmisión ilegal de partidos de fútbol, el alcance de las medidas ha resultado en el bloqueo inadvertido de páginas legítimas que comparten infraestructura, como aquellas respaldadas por Cloudflare.
El fallo, al cual este medio ha tenido acceso, no detalla las IPs inicialmente afectadas ni exige transparencia hacia los usuarios. Tampoco impone controles técnicos para prevenir bloqueos indebidos, lo que ha suscitado inquietud entre expertos y administradores de sistemas.
Las nuevas tecnologías y herramientas que protegen la privacidad del usuario, como ECH de Cloudflare y Private Relay de Apple, han sido identificadas por LaLiga y Telefónica como obstáculos para efectuar bloqueos basados en dominios. Estas tecnologías encriptan partes del tráfico web, dificultando la identificación de los sitios visitados y, según los demandantes, fomentan el anonimato de las plataformas piratas.
La sentencia permite ahora el bloqueo basado en IPs, con listados que se actualizan en tiempo real durante los días de partido, lo que exige a las operadoras ejecutar los bloqueos de forma inmediata, a menudo sin informar a los usuarios.
Los operadores implicados en el caso aceptaron las medidas sin presentar resistencia judicial, lo que facilitó una sentencia rápida y fuerte, pero también provocó críticas de organizaciones defensoras de derechos digitales. Estas critican la consolidación de mecanismos de censura técnica sin debate público ni evaluación del impacto.
La resolución establece que los bloqueos continuarán durante y más allá de la actual temporada, con posibilidad de reanudarse tras la pausa de verano a partir del 16 de agosto de 2025, abarcando toda la vigencia del actual contrato de derechos televisivos entre LaLiga y Telefónica.
Este caso sienta un precedente en España sobre el uso judicial de técnicas de filtrado y bloqueo en la red. Para LaLiga, proteger sus derechos ante una piratería en constante evolución es esencial, pero para muchos expertos, el fallo podría ser el principio de un control extenso sin suficientes salvaguardias.
La consideración de que el «allanamiento» de las operadoras no daña a terceros ignora las numerosas quejas de desarrolladores cuyos sitios web han sido bloqueados sin tener ninguna relación con actividades ilícitas.
En un contexto de creciente tensión entre derechos de autor, privacidad y libertad de información, el desenlace de este caso podría redefinir la gobernanza de internet en España. Con la sentencia ya pública, aunque incompleta, la responsabilidad recae ahora en la sociedad civil, los juristas y el ecosistema tecnológico para iniciar un debate que hasta ahora ha permanecido en silencio.
