Las ayudas otorgadas tras la DANA de 2019 en la Vega Baja por el Gobierno de Ximo Puig han sido objeto de críticas y comparaciones con las recientes medidas adoptadas por el presidente valenciano Carlos Mazón. Mientras que Puig destinó poco más de 94,5 millones de euros, de un total previsto de 167 millones, para los afectados, Mazón ha comprometido 250 millones solamente para los damnificados recientes por el evento del 29 de octubre. Las ayudas de Puig se caracterizaron por demoras significativas en su entrega, con algunos municipios recibiendo fondos hasta 32 meses después del desastre, coincidiendo con el período electoral. Además, la ejecución de las ayudas fue limitada; por ejemplo, de los 25 millones disponibles para protección contra inundaciones, solo se utilizaron 0,57 millones bajo el mandato de Puig. Esta situación ha resaltado las diferencias en la gestión de ayudas entre ambos líderes y ha suscitado cuestionamientos sobre la efectividad de las políticas implementadas tras la catástrofe de 2019.
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