Un sistema fiscal equitativo y predecible debería servir de base para financiar servicios públicos sin asfixiar al contribuyente. Sin embargo, una contundente denuncia publicada por el diario británico Financial Times, y presentada por el bufete de abogados Amsterdam & Partners, ha sacado a la luz las deficiencias de un sistema que, en España, opera bajo una lógica distinta, donde Hacienda siempre gana y el contribuyente siempre pierde.
Uno de los elementos más controvertidos de este sistema es el incentivo que se ofrece a los inspectores de Hacienda, quienes reciben bonificaciones económicas basadas en la cantidad de dinero recaudado, incluso si estas liquidaciones son posteriormente anuladas por los tribunales por ser improcedentes. Este enfoque, raro en otras economías avanzadas de la OCDE, presenta un evidente conflicto de intereses, favoreciendo una recaudación agresiva a expensas de una evaluación justa.
A esta situación se suma una normativa que obliga a los contribuyentes a pagar las cantidades exigidas antes de poder impugnar las liquidaciones fiscales, convirtiendo el acceso a la justicia en un privilegio costoso y fuera del alcance de muchos. Esto lleva a embargos, cierres y posibles insolvencias para quienes no pueden afrontar estos pagos, y a largos procesos judiciales para quienes sí pueden, prolongándose hasta una década.
Las estadísticas revelan que más del 50% de los recursos tributarios interpuestos son favorables a los contribuyentes, lo que evidencia un fallo sistémico. Esta alta tasa de revocación es un reflejo de un sistema que emite liquidaciones masivas, improbables de sostenerse ante un análisis judicial minucioso.
Lo preocupante de esta denuncia no es solo el daño a la imagen internacional de España, sino la normalización interna de prácticas claramente injustas. El hecho de que el Financial Times, un medio de referencia global, haya sido quien expuso esta situación subraya la gravedad del problema. La verdadera vergüenza no radica en cómo se percibe España externamente, sino en nuestra aceptación de esta realidad.
Las claves desveladas apuntan a un problema institucional profundo, donde los incentivos y procedimientos actuales perjudican sistemáticamente al ciudadano común. Con esta exposición internacional, la cuestión ya no es si el sistema es injusto, sino cuándo se acometerán las reformas necesarias para priorizar la justicia sobre la mera recaudación.
