El nuevo curso político en España se presenta con un panorama incierto, marcado por la repetición del viejo adagio: «A la tercera va la vencida». Este dicho parece encapsular la situación que enfrentará el Gobierno en sus esfuerzos por presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), especialmente tras la falta de avances en las últimas semanas.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que el Ejecutivo sí tiene la intención de presentar cuentas públicas para 2026. Sin embargo, las experiencias recientes, donde el Gobierno se vio obligado a prorrogar los PGE de 2023 hasta en dos ocasiones, suscitan dudas sobre la credibilidad de sus afirmaciones. A medida que se acerca el final del año, la incertidumbre persiste, lo que podría llevar a una tercera prórroga, una señal de debilidad y dependencia del apoyo de sus socios nacionalistas.
La gestión del Gobierno ha estado marcada por múltiples problemas en los servicios públicos, desde el caos ferroviario en Andalucía hasta la falta de recursos para enfrentar incendios devastadores. Además, la inacción en la actualización del sistema de financiación autonómica ha suscitado críticas, especialmente en una región como Andalucía, que recibe menos recursos del promedio nacional.
Montero, también secretaria general del PSOE de Andalucía y con una baja valoración entre los ciudadanos, ha afirmado que los futuros Presupuestos estarán orientados al «bienestar de la mayoría social». Sin embargo, su insistencia en aumentar impuestos bajo el concepto de «armonización fiscal» añade una capa de escepticismo a sus promesas. Muchos consideran que el anuncio sobre los Presupuestos es un simple farol, especialmente dado que hasta agosto aún no se ha presentado el techo de gasto, un requisito fundamental para la viabilidad del proyecto.
La posibilidad de aprobar los PGE se complica aún más frente a un contexto político fragmentado. Oriol Junqueras, presidente de ERC, ha dejado claro que Montero no es la figura más adecuada para generar los consensos necesarios. ERC ha condicionado sus apoyos a compromisos específicos, como el cupo y la condonación de la deuda catalana, mientras que Junts exige más competencias relacionadas con inmigración y derechos lingüísticos en la Eurocámara.
Además, el País Vasco también ejerce presión con demandas similares, reforzando la complejidad del panorama. Entre tanto, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha planteado exigencias que incluyen una moratoria en el gasto militar y políticas de vivienda más contundentes, desafiando la capacidad de Montero para cumplir sus promesas presupuestarias.
La debilidad del Gobierno es evidente, y la presión política aumenta. La disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones se perfilan como una realidad inminente. Con el inicio del nuevo curso político, el reloj avanza, y la incertidumbre sobre el futuro del Gobierno de Pedro Sánchez sigue en aumento.
Fuente: Partido Popular Andalucía
