Un reciente informe pone en el punto de mira el uso de los lectores automáticos de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés), revelando prácticas que exceden su propósito original y plantean serias preocupaciones sobre la privacidad. Elaborado por 404 Media, el estudio critica la supuesta efectividad de las salvaguardias prometidas por agencias gubernamentales y fabricantes de tecnología. Uno de los ejemplos más importantes se dio en diciembre de 2025, cuando la Patrulla Estatal de Georgia sancionó a un motociclista capturado sosteniendo un teléfono celular, una infracción registrada con la anotación específica “CAPTURADO EN CÁMARA FLOCK 31 MM 1 SOSTENIENDO TELÉFONO EN MANO IZQUIERDA”.
El uso de ALPR para anotaciones de este estilo despierta interrogantes sobre su adecuación respecto a su función declarada. A finales de 2025, Flock Safety, la empresa detrás de esta tecnología, afirmó que sus productos cumplían con la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y que no se utilizarían para infracciones de tránsito. Sin embargo, informaciones recientes sugieren que los usuarios de esta tecnología podrían estar actuando en contradicción con esas garantías. En un comunicado, la empresa aseguró que su tecnología “definitivamente” no está destinada para reconocimiento facial ni para almacenar datos biométricos, un reclamo que genera dudas sobre cómo se implementa en la realidad.
A pesar de estas afirmaciones, Flock Safety ha incluido en su programa de colaboración a seis compañías que ofrecen tecnología de control de tráfico. Documentos públicos también han revelado el uso de cámaras de control de velocidad enlazadas a la red ALPR de Flock, intensificando las inquietudes sobre esta tecnología.
La Electronic Frontier Foundation (EFF) y otros grupos defensores de la privacidad han advertido repetidamente sobre el “crecimiento de misión” en la vigilancia tecnológica. Este fenómeno ocurre cuando la policía extiende el uso de ciertos dispositivos más allá de las situaciones originales prometidas, aplicándolos a infracciones menores o para el control de manifestaciones y protestas.
La EFF y otros activistas continúan exigiendo que las ciudades, estados y empresas revisen sus vínculos con Flock Safety, enfatizando que la vigilancia masiva que permite esta tecnología puede comprometer las libertades civiles. Con el debate sobre la privacidad digital en primera línea, las prácticas de vigilancia continúan bajo un intenso escrutinio en un mundo cada vez más interconectado.
