La digitalización del entorno laboral ha desdibujado las fronteras del horario de trabajo, impulsando la necesidad de proteger el derecho a la desconexión digital. Legislaciones como el Real Decreto Legislativo 2/2015 y la Ley Orgánica 3/2018 garantizan que los trabajadores no están obligados a atender comunicaciones fuera de su jornada laboral, asegurando su intimidad y descanso. Este derecho se aplica tanto al trabajo presencial como al teletrabajo, y las empresas están obligadas a establecer políticas claras al respecto. El incumplimiento puede conllevar sanciones económicas para las organizaciones, que van de 751 a 7.500 euros. Además de salvaguardar la salud y la privacidad de los empleados, fomentar una cultura de desconexión digital contribuye a su motivación y productividad, impulsando un ambiente laboral más saludable y eficiente.

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