La crisis agraria de Andalucía pone en peligro la tradición olivarera local, transformando el ancestral paisaje rural en el rentable pero insostenible “agribusiness”. Según un informe de Greenpeace, fondos de inversión y empresas están adquiriendo tierras con facilidades económicas y normativas, implementando sistemas de cultivo superintensivo que incrementan la producción a costa de consecuencias sociales y ambientales. Estas prácticas, apoyadas por subsidios de la PAC destinados originariamente a pequeños agricultores, favorecen a conglomerados que no necesitan asistencia, acentuando la desaparición de empleos rurales y la biodiversidad del campo. La gestión del agua presenta un desafío mayor, con el modelo superintensivo recibiendo preferencia, a pesar de la escasez hídrica en la región. Este fenómeno de concentración del poder económico agroindustrial contrasta con la necesidad de preservar el olivo tradicional, emblema cultural y símbolo de un modo de vida. Urge una reestructuración de políticas que promuevan prácticas sostenibles y equitativas, garantizando la supervivencia de las comunidades agrarias locales frente a intereses especulativos.
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