El sector cinegético de España ha expresado su fuerte crítica hacia los planes de la Dirección General de Derechos de los Animales para elaborar una estadística sobre el abandono de perros mediante un cuestionario en línea. Este instrumento, que solo podrán responder las protectoras de animales y ayuntamientos a través de un trámite burocrático más complejo, es considerado «inaceptable» por los cazadores, quienes exigen rigor y datos acreditados en la recopilación de información.
Los cazadores argumentan que el cuestionario no garantiza la fiabilidad de los datos, ya que permite a las protectoras clasificar perros como «perros de caza o cruces de perros de caza» únicamente basándose en su raza, sin necesidad de verificar su uso en actividades cinegéticas o su propiedad por cazadores. Esto, según el sector cinegético, muestra un sesgo diseñado para criminalizar a los cazadores, ya que muchas de estas protectoras pertenecen a plataformas anticaza.
Para contextualizar este sesgo, el sector cinegético recuerda que 2019 fue el último año en que el Ministerio del Interior publicó estadísticas anuales sobre el abandono de perros elaboradas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. En ese año, se contabilizaron 163 perros de caza abandonados, una cifra que contrasta significativamente con los 50.000 perros de caza que, según colectivos anticaza y animalistas, serían abandonados al final de cada temporada.
Ante esta situación, la Fundación Artemisan y numerosas entidades del mundo de la caza demandan a la Dirección General de Derechos de los Animales y al Gobierno Central que se basen en datos oficiales, acreditados y contrastados, como los aportados por la Guardia Civil. También solicitan establecer un sistema de control que permita verificar la veracidad de los datos proporcionados por las protectoras.
Asimismo, el sector cinegético pide transparencia y rigor en la elaboración de estadísticas que, con toda probabilidad, influirán en la toma de decisiones que afectarán a diversos sectores, incluido el cinegético. Subrayan que un proceso inseguro, opaco y sin garantías es inaceptable, especialmente cuando es llevado a cabo por una administración pública.
Fuente: Federación Andaluza de Caza.
