En las últimas semanas, hemos sido testigos de una crisis alarmante en el sistema sanitario del Gobierno andaluz. Más de 2.000 mujeres se encuentran en una situación de incertidumbre, sin recibir la información crucial sobre si padecen cáncer o no. Este escenario no se puede calificar simplemente como un error; es un indicador claro del fracaso del modelo de salud implementado por el señor Moreno Bonilla. Este colapso se suma a los problemas persistentes de listas de espera en atención primaria, en especialidades médicas y en intervenciones quirúrgicas, evidenciando una falta de atención y recursos que afecta directamente a la salud de los ciudadanos.
Sin embargo, la crisis no se limita solo al ámbito de la sanidad. Las políticas sociales del Gobierno andaluz también reflejan un modelo errático que favorece la privatización y el desmantelamiento de lo público. La Ley de Dependencia, fundamental para garantizar el derecho a la atención y cuidados de nuestros mayores, es un claro ejemplo de cómo se niega este derecho de manera sistemática. Las personas mayores, que merecen la atención digna y el soporte necesario, se ven continuamente desprovistas de los recursos que por ley les corresponden.
Este deterioro en la calidad de los servicios públicos tiene un impacto directo en la vida de miles de andaluces, y pone de manifiesto la necesidad urgente de una revisión profunda del modelo sanitario y social actual. Las instituciones tienen la responsabilidad de priorizar el bienestar de la ciudadanía, revirtiendo políticas que han demostrado ser ineficaces y perjudiciales. La salud y el cuidado de las personas deberían ser pilares fundamentales de cualquier gobierno, y es hora de que se tomen medidas concretas para asegurar que estos derechos sean garantizados para todos.
Fuente: CCOO Andalucía.
