La reciente publicación de 13.000 documentos, en su mayoría censurados, ha generado frustración entre las víctimas y ambos partidos del Congreso de Estados Unidos, quienes acusan al Departamento de Justicia de ocultar información crucial y de no cumplir con la ley. La divulgación, que se esperaba arrojara luz sobre diversos temas, ha sido considerada insuficiente debido a las numerosas redacciones, lo que ha intensificado las críticas hacia la administración por falta de transparencia. Este desencuentro ha agudizado las tensiones políticas, con llamados a una mayor rendición de cuentas y a que se garantice el acceso a documentos completos que podrían contener datos esenciales para el esclarecimiento de hechos y responsabilidades.
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