La alianza formada por seis organizaciones especializadas en el acompañamiento social y jurídico de personas migrantes y refugiadas ha expresado su opinión sobre la nueva normativa de extranjería. Estas entidades consideran que, aunque se han establecido algunas mejoras, no se ha logrado un cambio sustancial y definitivo, quedando atrás objetivos clave.
Uno de los aspectos positivos destacados por la alianza es la reducción en un año del tiempo exigido para solicitar la regularización de la situación administrativa, así como la flexibilización de ciertos requisitos y el desarrollo de los visados como una vía regular de entrada al país. Esto facilitará que las personas puedan llegar a España con las autorizaciones necesarias de residencia y trabajo desde sus países de origen.
A pesar de estas mejoras, las organizaciones alertan sobre las graves consecuencias para las más de 190.000 personas solicitantes de asilo que están a la espera de resolución o admisión. Según las cifras de años anteriores, la reforma podría dejar en situación administrativa irregular a cerca del 88% de las personas a las que no se les concede el estatuto de protección internacional.
Desde hace más de cuatro años, la alianza de entidades —compuesta por Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, CONVIVE Fundación Cepaim, Red Acoge y el Servicio Jesuita a Migrantes— ha seguido de cerca los procesos de reforma del Reglamento de Extranjería y ha hecho propuestas concretas a los ministros correspondientes. A pesar de que se han abierto canales oficiales de comunicación, lamentan que las propuestas de la sociedad civil no hayan tenido un impacto significativo en la normativa aprobada.
El nuevo Reglamento demanda que muchas personas vivan al menos dos años en situación irregular en España para poder solicitar una autorización de residencia y trabajo. Durante el periodo de tramitación de la solicitud de asilo, los solicitantes disponen de autorización para residir y trabajar en España, sin embargo, la nueva reforma supone que al denegarse la solicitud, no solo perderán esta autorización, sino que tendrán que permanecer seis meses en situación irregular antes de poder solicitar permisos por arraigo.
Este cambio legislativo podría desincentivar a las personas de buscar protección internacional en España, reduciendo así el número de solicitudes por la falta de capacidad de la Administración para gestionar el creciente flujo de personas que huyen de sus países de origen.
Las entidades consideran que se produce una inseguridad jurídica que no concuerda con las declaraciones de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien indicó que la reforma busca equilibrar la protección de los derechos de los migrantes con las necesidades de España. Ante esta situación, las organizaciones sociales destacan la necesidad urgente de aprobar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización extraordinaria para garantizar los derechos de miles de personas que ya viven y trabajan en el país.
Fuente: Federación Andalucía Acogel.
