El reciente acuerdo entre el PSOE y ERC para implementar el cupo separatista en Cataluña ha generado amplios debates y controversias. Este pacto, considerado por muchos como el mayor privilegio territorial desde la Transición española, es liderado en su negociación y ejecución por la ministra andaluza de Hacienda, María Jesús Montero. A pesar de ser una figura central en este proceso, Montero ha optado por mantener un perfil bajo, evitando el foco público y cualquier tipo de rendición de cuentas.
Durante el mes de agosto, un periodo vacacional para muchos españoles, el Gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) cerraba los detalles de un nuevo modelo singular de financiación para Cataluña. Este sistema no solo pone en riesgo el principio de igualdad entre comunidades autónomas, sino que también afecta de manera significativa a Andalucía. En el centro de esta controversia se encuentra Montero, quien ha sido mencionada incluso por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como una «pieza clave» en el acuerdo.
A través de este pacto, se permite que Cataluña retenga la totalidad de los impuestos recaudados en su territorio, lo que se interpreta como la eliminación del principio de caja común y solidaridad que ha guiado la política fiscal española durante décadas. El 26 de agosto se publicará un decreto en el Diario Oficial de la Generalitat que blindará la independencia funcional y operativa de la Agencia Tributaria de Cataluña, marcando así el inicio de un proceso que permitirá a esta comunidad gestionar el 100% de sus impuestos.
A pesar de los intentos del PSOE de presentar este modelo como un avance en el Estado autonómico, numerosas voces, incluyendo inspectores de Hacienda y expertos constitucionalistas, advierten que el cupo separatista representa un grave ataque a la cohesión fiscal del Estado. La creciente preocupación entre los ciudadanos se refleja en la respuesta del presidente andaluz, Juanma Moreno, quien ha prometido formar alianzas con otras comunidades afectadas para defender la igualdad y la solidaridad.
María Jesús Montero, que anteriormente se opuso a cualquier modelo que pudiera dar lugar a privilegios financieros regionales, ha cambiado de postura, convirtiéndose en la arquitecta de este nuevo sistema. Su ausencia en las discusiones públicas y su intento de evitar cualquier controversia la han llevado a ser vista como cómplice de una traición fiscal hacia Andalucía, especialmente considerando que la comunidad tiene un déficit de financiación acumulado de más de 17.800 millones de euros.
El impacto del cupo separatista es claro: reducirá los fondos destinados a servicios públicos esenciales en Andalucía, como sanidad y educación, y creará divisiones entre los ciudadanos, estableciendo una jerarquía basada en el lugar de residencia. Este modelo ha sido rechazado de forma unánime por la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado y ha generado una ola de críticas incluso dentro de la propia estructura del PSOE.
La situación actual del PSOE andaluz, bajo el liderazgo de Montero, es más crítica que nunca. Las encuestas muestran un apoyo mínimo por parte del electorado andaluz, y la percepción general es que el partido está más enfocado en mantener la lealtad a la dirección central que en atender las necesidades de su comunidad.
En resumen, el cupo separatista no solo es visto como un ataque a la estructura fiscal española, sino que también es percibido por muchos como un sacrificio de los derechos de los andaluces en aras de mantener la estabilidad política del presidente Sánchez. La cuestión del modelo de financiación se ha convertido en un punto crítico, exigiendo respuestas y acciones inmediatas de quienes se encuentran en el poder.
Fuente: Partido Popular Andalucía
