El Ministerio del Interior ha afirmado que, en caso de que se decida cancelar un contrato con una empresa israelí, se debería abonar la totalidad del importe acordado, incluso si la legislación vigente sobre contratos públicos estipula un pago compensatorio del 3% del valor total. Esto plantea cuestionamientos sobre la interpretación de las cláusulas contractuales y las posibles obligaciones financieras que el gobierno español asumiría al anular el acuerdo.
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