El Gobierno se enfrenta a un inesperado desafío en plena campaña electoral tras el encierro de 16 policías y guardias civiles en la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior, quienes demandan el reconocimiento de su profesión como de riesgo. En respuesta, el ministro Fernando Grande-Marlaska desplegó cinco unidades de la UPR para desalojarlos, lo que ha generado críticas por la presión ejercida entre colegas. Aunque algunos agentes comenzaron a abandonar la sede pasada la medianoche, lo hicieron bajo la condición de no comprometer a sus compañeros para emplear la fuerza. Representantes del SUP indican que los encerrados fueron amenazados con cargos de desobediencia si no se retiraban voluntariamente.
Leer noticia completa en OK Diario.




