El 11 de marzo de 2025, la Comisión Europea reveló una controvertida propuesta de Reglamento de Retorno, destinada a sustituir la actual Directiva de Retorno. Bajo un aparente eufemismo, la propuesta introduce medidas coercitivas que, según críticos, violan derechos fundamentales al priorizar el incremento de las deportaciones por encima del bienestar de los migrantes.
El enfoque central del Reglamento se basa en políticas punitivas que destacan la detención, la deportación y la aplicación forzosa, dejando de lado necesidades esenciales como protección legal, vivienda digna, atención sanitaria adecuada y acceso a la educación. Esta propuesta se interpreta como parte de una transformación más amplia dentro de la política migratoria de la Unión Europea, que busca tratar el movimiento migrante como una amenaza, justificando así la derogación de derechos humanos básicos.
Las instituciones del bloque y sus Estados miembros están recurriendo cada vez más a tácticas de criminalización, vigilancia y discriminación como métodos principales de gestión migratoria. En lugar de promover la inclusión social, la creación de rutas seguras y legales, y la emisión de permisos de residencia basados en derechos, las nuevas medidas abogan por soluciones de externalización y castigo, con especial impacto en las personas racializadas.
Diversas organizaciones han expresado un rechazo rotundo a este Reglamento, argumentando que sólo contribuirá a mayor inseguridad y situaciones legales indefinidas para innumerables personas. Estas entidades instan a la Comisión Europea a retirar la propuesta y llaman al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE a rechazarla en su forma actual, buscando en su lugar enfoques que prioricen la dignidad y los derechos humanos.
Fuente: Federación Andalucía Acogel.
