En el contexto del Día Internacional contra la Discriminación Racial, que se celebra cada 21 de marzo, más de 400 organizaciones de toda España han unido fuerzas bajo el lema “Parad el racismo y no a las personas”. La campaña, respaldada por entidades como Rights International Spain, Amnistía Internacional, Red Acoge, entre otras, reivindica la necesidad urgente de implementar formularios de parada en las actuaciones policiales, como una medida para combatir la discriminación racial en el ámbito de la seguridad pública.
Las organizaciones denuncian que las prácticas de paradas, identificaciones y redadas basadas en la raza no solo generan un impacto negativo en la salud física y emocional de las personas afectadas, sino que también refuerzan la estigmatización social y vulneran derechos fundamentales. En particular, para personas migrantes, estos controles pueden resultar en consecuencias drásticas, incluyendo la expulsión o demoras en la obtención de permisos de residencia.
El panorama es alarmante, especialmente con las recientes directrices de la Unión Europea sobre retorno, que amenazan con facilitar prácticas de control basadas en el perfil racial. En este sentido, informes de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea han documentado evidencias que muestran que la identidad racial de una persona puede ser determinante para su inclusión en controles policiales. Por ejemplo, un estudio en la estación de autobuses de Granada reveló que por cada persona blanca identificada, 42 personas negras eran detenidas.
Este fenómeno ha sido señalado también por organismos internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, que ha instado al Estado español a adoptar medidas que erradiquen los controles basados en perfiles raciales y étnicos. A pesar de esta presión, las autoridades continúan negando la existencia de una práctica estructural y, en cambio, insisten en que se trata de casos aislados. Esta negación dificulta la implementación de mecanismos eficaces para abordar la cuestión.
El impacto de estas paradas en la vida cotidiana de las personas afectadas es profundo. Se presentan testimonios de individuos que experimentan directamente la discriminación. Un joven colombiano relató cómo él y su pareja fueron parados por la policía, siendo exclusivamente él, de origen extranjero, quien fue objeto de control, lo que generan reflexiones sobre la desigualdad y el racismo institucional.
Ante este contexto, las organizaciones han propuesto el establecimiento de formularios de parada obligatorios que recojan datos desagregados sobre las intervenciones policiales. Estos formularios no solo permitirían documentar las razones y resultados de las identificaciones, sino que también promoverían la transparencia y la rendición de cuentas en las actuaciones de las fuerzas de seguridad. La inclusión de la sociedad civil en el diseño y evaluación de estos sistemas es vital para asegurar su efectividad en la detección de patrones discriminatorios.
Durante las próximas semanas, se llevarán a cabo movilizaciones y acciones de sensibilización en diversas ciudades para visibilizar estas prácticas racistas y exigir su eliminación. Localidades como Cáceres, Granada, y Valencia serán escenario de eventos que buscan visibilizar esta problemática, que se ha convertido en un rasgo habitual en el panorama social español, a pesar de la resistencia institucional a reconocer su existencia.
La lucha contra el racismo en las actuaciones policiales es fundamental para alcanzar una sociedad más justa e inclusiva, donde los principios de igualdad y no discriminación se encarnen plenamente. Con la campaña “Parad el racismo y no a las personas”, las organizaciones hacen un llamado a la acción colectiva, recordando que la defensa de los derechos humanos es responsabilidad de todos y que el cambio comienza desde la base.
Fuente: USTEA.
