En un mundo donde la urgencia climática se ha vuelto un denominador común, la huella de carbono emerge como una métrica crucial para evaluar el impacto ambiental de las organizaciones. Este concepto, que cuantifica la suma de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por una entidad, está ganando protagonismo entre empresas, administraciones públicas y otros actores comprometidos con la sostenibilidad.
La huella de carbono se centra en medir las emisiones de GEI, tales como el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), generadas por las actividades de una organización. Dichas emisiones pueden ser directas, como el uso de combustibles fósiles para calefacción o transporte, o indirectas, derivadas del consumo eléctrico o de servicios subcontratados.
El cálculo de la huella de carbono se realiza mediante una fórmula básica: Huella de Carbono = Dato de Actividad x Factor de Emisión. El dato de actividad se refiere a un parámetro que define el nivel de actividad que genera emisiones, como el consumo de gas natural en calefacción, medido en kWh. En cuanto al factor de emisión, representa la cantidad de GEI emitida por cada unidad de dicho parámetro. En 2022, por ejemplo, el factor de emisión del gas natural se estimaba en 0,182 kg CO2 equivalente por kWh.
Para asegurar la precisión en estos cálculos, se utilizan metodologías internacionalmente reconocidas, tales como la norma UNE-ISO 14064 o el GHG Protocol. Estas metodologías estandarizan el proceso y garantizan que los datos sean comparables y verificables.
Los pasos necesarios para calcular la huella de carbono incluyen: definir el año de cálculo y los límites organizativos, recopilar datos de actividad, usar factores de emisión facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), y finalmente, reflexionar sobre los resultados para identificar áreas críticas y diseñar un plan de reducción de emisiones.
El MITECO se ha destacado en este ámbito, calculando anualmente desde 2010 su huella de carbono en los alcances 1, 2 y 3, cubriendo no solo sus emisiones directas e indirectas, sino también aquellas derivadas de actividades como viajes de trabajo o servicios subcontratados. Asimismo, España dispone desde 2014 del Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de Dióxido de Carbono, que busca promover el cálculo y la reducción de emisiones por parte de las organizaciones españolas, al tiempo que fomenta proyectos para incrementar la capacidad de absorción de CO2.
Certificar la huella de carbono a través de un tercero independiente no solo refuerza la credibilidad de una organización, sino que asegura que los cálculos realizados son precisos y confiables. En última instancia, el proceso de medir, reducir y compensar las emisiones se ha convertido en un deber ineludible para aquellas organizaciones que realmente desean contribuir a la lucha contra el cambio climático en una era donde la conciencia ecológica es cada vez más amplia.
