El Consejo de Gobierno de Andalucía ha presentado el balance anual de sus actividades de inspección urbanística y ordenación del territorio para el año 2025, con un total de 1.986 actuaciones realizadas para enfrentar las construcciones ilegales en suelo rústico. De estas acciones, destacan los precintos, que no existían antes de 2019, y que han aumentado considerablemente tras la implementación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista). Desde su aplicación en 2021, la Junta ha llevado a cabo 1.590 precintos. En 2025, se precintaron 351 edificaciones o parcelas ilegales, lo que representa una cifra ligeramente inferior a la de 2024, pero similar a los años anteriores.
La estrategia de la Junta de Andalucía se enfoca en intervenir en construcciones ilegales en etapas tempranas. Además de los precintos, se han realizado más de 400 reprecintos para asegurar que las parcelas previamente intervenidas no vuelvan a ser ocupadas ilegalmente, elevando las actuaciones totales del año pasado a más de 700.
El informe del balance también señala el levantamiento de 612 actas de inspección y el inicio de 484 expedientes de protección de la legalidad, una cifra 12 veces mayor que en 2018. Estas cifras reflejan una colaboración constante con el Ministerio Fiscal, la jurisdicción penal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y otros organismos implicados en la protección de la legalidad urbanística. En 2025, se emitieron 160 informes periciales relacionados con delitos urbanísticos, estableciendo un nuevo récord.
Además, la Junta ha implementado 155 procedimientos sancionadores y 178 multas coercitivas, alcanzando un total de 4.245.636 euros. Las políticas de multas coercitivas progresivas han incentivado un cambio de actitud entre los infractores, resultando en 54 autodemoliciones a lo largo del año, que incluyen la demolición de edificaciones, piscinas y otros elementos ilegales en suelo rústico.
La Consejería de Fomento ha priorizado la inspección autonómica para luchar contra los efectos sociales, ambientales y económicos negativos del urbanismo ilegal, lo que ha cuadruplicado el número de actuaciones de inspección. La descentralización ha permitido una mayor presencia y efectividad de las inspecciones, apoyadas por el Plan General de Inspección Territorial y Urbanística 2023-2026.
Para mejorar la eficacia de la inspección, se ha comenzado a tramitar un nuevo reglamento que actualizará y modernizará las funciones del personal inspector. También se han implementado medidas para proteger al personal de inspección, incluyendo la posibilidad de firmar los documentos de forma anonimizada con un número de identificación profesional, reduciendo así riesgos en situaciones de peligrosidad.
Fuente: Junta de Andalucía.
