En California, un esquema de vigilancia masiva ha estado operando bajo el radar durante años, afectando a miles de residentes sin su conocimiento. Se trata de los medidores de energía «inteligentes» que, más allá de su función habitual, han sido utilizados por el Sacramento Municipal Utilities District (SMUD) para monitorear e informar a la policía sobre consumos eléctricos elevados en los hogares. Esta práctica, bajo la mira de la Electronic Frontier Foundation (EFF), ha resultado en más de 33,000 denuncias a lo largo de una década.
El objetivo original de este monitoreo, según las autoridades, era identificar posibles cultivos ilegales de cannabis en propiedades privadas. Sin embargo, diversos factores como el uso intensivo de aire acondicionado o el tamaño de la vivienda pueden influir en un alto consumo de energía. A lo largo del tiempo, el umbral de sospecha de SMUD ha disminuido, elevando la cantidad de hogares bajo escrutinio.
En una medida drástica, la EFF ha solicitado a la justicia que ponga fin a esta práctica, argumentando que viola la privacidad de los clientes de energía protegida por la ley estatal. La situación se agrava al considerar que estos reportes han afectado desproporcionadamente a clientes asiáticos. Casos en los que la policía envió cartas acusatorias, redactadas solo en inglés y chino, han generado preocupación entre los residentes.
Un caso reciente destaca las implicaciones personales de esta vigilancia: un inmigrante vietnamita fue injustamente confrontado por agentes del sheriff bajo la presunción de estar cultivando cannabis. Este incidente subraya la discriminación que sienten muchas comunidades, agravada por una vigilancia sin sospecha individualizada.
La EFF, representando a la Asian American Liberation Network y otros individuos afectados, ha llevado a cabo una demanda contra SMUD y la ciudad de Sacramento. El argumento central es que este tipo de vigilancia masiva contraviene las disposiciones de la constitución californiana que prohíbe las búsquedas irrazonables.
La lucha de la EFF contra estos esquemas de vigilancia sigue vigente, defendiendo la privacidad digital y los derechos de los ciudadanos frente a amenazas de monitoreo indiscriminado. La comunidad, mientras tanto, espera una resolución que restablezca su derecho a la privacidad sin temor a acusaciones infundadas.
