El Gobierno italiano, liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni, ha aprobado un paquete de medidas de seguridad que endurecen las restricciones al derecho de manifestación, generando amplia controversia. Las nuevas disposiciones permiten la retención preventiva de individuos hasta por 12 horas si se sospecha que podrían causar altercados durante manifestaciones, decisión que requiere ser validada por un magistrado. Esta medida ha sido criticada por la oposición, que la considera un paso hacia un régimen represivo, y argumentan que es un atentado contra las libertades personales. Entre otras medidas, se incrementan las sanciones a promotores de protestas no anunciadas y se endurecen las penas por el uso de armas blancas. El Gobierno sostiene que estas restricciones buscan fortalecer la seguridad pública, a pesar de que han sido comparadas con los enfoques de mano dura de otros contextos internacionales.
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