En un evento en Ifema, organizado por la Presidencia del Gobierno para promover la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, se revela que Cristina Álvarez, funcionaria de la Secretaría General de Presidencia, gestionó asuntos relacionados con la cátedra desde su correo oficial. Álvarez, calificada como «compañera» por Gómez, en realidad es una asesora gubernamental que solicitó financiación a diversas empresas, como Reale. Su actuación está bajo investigación judicial en el marco de un caso por tráfico de influencias y corrupción. Las acusaciones populares han solicitado que Álvarez declare como testigo para aclarar su participación en reuniones clave relacionadas con las actividades académicas de Gómez, quien lidera una cátedra a pesar de no contar con el título de catedrática. La solicitud está pendiente de decisión judicial.
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