La Ley ELA, aprobada unánimemente en su momento como un hito para mejorar la vida de quienes padecen Esclerosis Lateral Amiotrófica y sus familias, se encuentra estancada por falta de fondos, según denuncia el Ministerio de Sanidad encabezado por Mónica García. Inicialmente bloqueada más de 60 veces, su implementación requiere 200 millones de euros, que no pueden asignarse sin los Presupuestos Generales del Estado 2025. Pese a que el Partido Popular propuso un plan para garantizar financiamiento independiente de estos presupuestos, las medidas no han avanzado. La parálisis legislativa deja a las familias en una situación crítica, sin acceso a los prometidos beneficios económicos y servicios especializados. La falta de recursos también impide avances en la investigación para una enfermedad sin cura. Las familias afectadas, organizaciones de pacientes y científicos exigen una acción inmediata, mientras el Gobierno reitera su compromiso sin responder a las necesidades urgentes de miles de afectados por ELA.
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