La figura de María Jesús Montero ha vuelto a ser objeto de controversia en relación con su gestión al frente de la Consejería de Salud en Andalucía durante el gobierno socialista entre 2004 y 2013. Recientes fallos del Tribunal Supremo han revelado una serie de irregularidades en la administración pública andaluza, afectando directamente al Servicio Andaluz de Salud (SAS). En total, se han contabilizado 25 sentencias firmes que han condenado al SAS por prácticas de cesión ilegal de trabajadores.
Los tribunales han determinado que la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS) llevó a cabo contrataciones irregulares, empleando a técnicos y psicólogos que, en la realidad, prestaban sus servicios en centros del SAS, pero nunca mantuvieron una relación laboral efectiva con la institución que les pagaba. Estos contratos, calificados como «por obra o servicio», no eran más que una fachada, ya que los empleados jamás actuaron dentro de las funciones establecidas para la fundación.
Durante su mandato en la Consejería de Salud, Montero fue responsable del establecimiento de este sistema opaco. Las sentencias han declarado la nulidad de los contratos, obligando al SAS no solo a readmitir a los afectados como empleados indefinidos no fijos, sino también a reconocerles sus derechos salariales.
Una de las características más polémicas de la gestión de Montero fue la existencia de contratos ficticios y empleados fantasma. La FPS, en lugar de actuar como un ente independiente, se convirtió en un mero intermediario que pagaba las nóminas de trabajadores que nunca estaban presentes en sus oficinas. Estos empleados recibían formación, instrucciones y materiales desde el SAS, y contaban con todas las herramientas necesarias para desempeñar su trabajo real en los centros de salud. Montero, en su esfuerzo por implementar planes como el Plan Integral de Tabaquismo, facilitó la contratación de personal enmarcado en esta estructura paralela, que ha resultado ser ilegal.
Otra de las cuestiones que ha suscitado críticas es el uso de sobresueldos en plena crisis, bajo la responsabilidad de Montero. Durante su tiempo al frente del patronato de la FPS, se otorgaron aumentos salariales a directivos, incluso cuando se había ordenado un recorte del 10% en las nóminas de los empleados públicos. Un caso destacado fue el de la mujer del exministro Bernat Soria, que recibió un sobresueldo como directora de una Biblioteca Virtual. Esta situación fue denunciada, pero a pesar de las alertas sobre el posible uso irregular de fondos públicos, Montero archivó la investigación interna tras seis meses.
El modelo de gestión adoptado por Montero ha sido señalado como uno marcado por la falta de transparencia y el desprecio hacia los controles legales y financieros. Durante casi diez años, se utilizó la FPS como un mecanismo para eludir los procedimientos administrativos adecuados, lo cual ha dejado a la Administración andaluza enfrentando las consecuencias de estas prácticas.
En la actualidad, el SAS continúa acumulando condenas relacionadas con la cesión ilegal de trabajadores, con otras cuatro sentencias aún pendientes de verificación judicial. Los funcionarios han manifestado su descontento ante el recorte de sus sueldos mientras se han mantenido privilegios para altos cargos relacionados con la administración de Montero, lo que ha creado un clima de descontento latente en el funcionariado andaluz.
En contraposición a la gestión de la pasada administración, los ciudadanos andaluces han optado por un modelo de gobernanza basado en la transparencia y la eficacia, que se distancia de la corrupción y los escándalos que marcaron la era de Montero. La comunidad ha dejado en claro que no desea regresar a un pasado lleno de irregularidades y falta de respeto hacia la justicia. La respuesta de la Junta actual indica un firme compromiso con la legalidad y una administración más abierta y responsable.
Fuente: Partido Popular Andalucía
