El reciente cambio en la tributación de los autónomos, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez y ejecutado por la Agencia Tributaria, pone en jaque la economía de más de 1,5 millones de trabajadores por cuenta propia. A partir de 2025, aquellos que se regularicen en sus cuotas de la Seguridad Social correspondientes a 2023 tendrán la obligación de declararlas, lo que se traduce en un importante golpe fiscal.
Expertos fiscalistas han calificado esta medida como «grave» e «injusta», ya que contraviene el principio de devengo de la Ley del IRPF, que estipula que los ingresos y gastos deben ser imputados al ejercicio en el que realmente ocurren. En lugar de lo habitual, Hacienda ha decidido que los pagos y devoluciones derivados de estas regularizaciones se declaren con considerable retraso, generando un clima de incertidumbre para los trabajadores autónomos.
Datos oficiales revelan que cerca de 890.000 autónomos han tenido que abonar una media adicional de 450 euros por haber cotizado por debajo de sus ingresos reales en 2023. Contrariamente, alrededor de 550.000 han recibido devoluciones de aproximadamente 600 euros por haber pagado de más. Sin embargo, la modificación en la normativa complica todavía más el contexto fiscal de estos trabajadores, quienes ahora enfrentan riesgos de cambios de tramo que pueden incrementar sus impuestas.
Uno de los factores que agudiza esta situación es la negativa del Gobierno de Sánchez de deflactar las tarifas del IRPF. Este contexto económico desfavorable puede empujar a miles de contribuyentes hacia tramos impositivos superiores a pesar de no haber experimentado un aumento real en su capacidad adquisitiva.
El resumen de esta serie de decisiones es un colectivo aún más asfixiado por la presión tributaria, que ya estaba experimentando los efectos del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, implementado este año. A pesar de las demandas de organizaciones profesionales que claman por una simplificación y una gestión más equitativa, el Gobierno parece intensificar las condiciones impositivas y los costos administrativos.
Para más de 729.000 autónomos que han optado por aceptar la devolución tras haber cotizado de más, la nueva normativa implica también un incremento en sus bases imponibles, y en muchos casos, un posterior aumento en las tracciones fiscales que deben afrontar. Esto genera un agravio comparativo entre quienes sigue operando y aquellos que han cesado su actividad, ya que estos últimos carecen del acceso a las deducciones correspondientes.
El clamor de expertos y asociaciones de autónomos es claro: urgen al Gobierno a rectificar esta decisión, resaltando la importancia de respetar los principios de la Ley del IRPF. Mientras tanto, despachos de abogados se preparan para presentar recursos masivos tanto ante la Agencia Tributaria como ante los tribunales, en un intento por hacer valer los derechos de este sector tan afectado por las decisiones gubernamentales.
La situación actual revela una falta de sensibilidad hacia las circunstancias de los autónomos por parte del Ejecutivo, lo cual se ha traducido en reiteradas reformas fiscales que en lugar de mejorar, parecen aumentar las cargas económicas y las complicaciones burocráticas para este grupo vital en la economía española.
Fuente: Partido Popular Andalucía
