La expansión de los centros de datos en la comunidad de Aragón ha emergido como un tema central en el debate político, suscitando importantes confrontaciones entre las fuerzas políticas. En un reciente evento en Zaragoza, la secretaria política de Podemos, Irene Montero, lanzó fuertes críticas contra el presidente autonómico Jorge Azcón y los proyectos de centros de datos planificados en la región, a los que comparó con un “nuevo trasvase” por su consumo de recursos, especialmente de agua. Montero argumentó que Aragón ya ha sido capaz de detener un trasvase de agua anteriormente y ahora está en la encrucijada de parar otro, planteando que estas infraestructuras responden a intereses empresariales privados en lugar de priorizar necesidades sociales.
Este posicionamiento conecta con una sensibilidad profundamente arraigada en Aragón: la defensa del agua como recurso estratégico. Este tema ha sido históricamente epicentro de movilizaciones y debates territoriales. Montero enfatizó que el crecimiento de los centros de datos beneficia principalmente a multinacionales como Amazon Web Services y Microsoft, mientras presiona los recursos locales, como el agua y el territorio. Subrayó la necesidad de priorizar el agua para «vivir y no para que unos pocos hagan dinero», vinculando su crítica a una defensa más amplia de los servicios públicos.
La controversia no es espontánea. Aragón ha venido consolidándose como un destino atractivo para la instalación de grandes “granjas de servidores”, gracias a su disponibilidad de suelo industrial, su conectividad, la capacidad para atraer inversión y su ubicación geográfica estratégica para el mercado ibérico y parte del europeo. Sin embargo, estos argumentos a favor se enfrentan a un debate paralelo sobre el impacto real de estos centros en un contexto de estrés hídrico y presión sobre la red eléctrica, además de las dudas sobre su retorno social.
Los centros de datos, a diferencia de las fábricas tradicionales, requieren enormes cantidades de electricidad y, dependiendo de su sistema de refrigeración, pueden necesitar grandes volúmenes de agua. El choque político surge cuando una parte de la sociedad percibe que los beneficios se concentran fuera, mientras que los costos, en términos de consumo de recursos e impacto local, son absorbidos internamente.
Recientemente, varios medios han resaltado el impacto energético de estos proyectos, estimando que los centros de datos planeados por Microsoft y AWS podrían necesitar más de 21.000 gigavatios hora, en comparación con una demanda regional para 2024 que no superaría los 10.000 gigavatios hora. Esta comparación ilustra la preocupación pública y ha avivado el debate.
La expresión de Montero sobre un “nuevo trasvase” busca centrar la atención en el agua como límite físico, reflejando cómo el consumo de agua de un centro de datos no es un valor fijo, sino que varía según el tipo de refrigeración utilizado. En un contexto donde la gestión del agua es políticamente sensible, la falta de cifras claras y actualizadas alimenta la sospecha y polarización.
En este entorno de confrontación, los centros de datos se han convertido en un símbolo de lucha política en Aragón. Mientras que Montero y colectivos afines critican estas infraestructuras bajo una lógica de “negocio y especulación”, sus defensores enfatizan el impacto económico, la reputación como hub tecnológico y la presión sobre las industrias para mejorar en eficiencia energética.
A medida que los proyectos proliferan, la exigencia por mayor transparencia sobre consumos y compromisos verificables se intensifica. Este caso en Aragón no es aislado, sino un reflejo de un fenómeno más amplio en Europa, donde la expansión de los centros de datos debe equilibrarse con recursos físicos limitados como el agua, la energía y el suelo.
El debate en Aragón destaca la necesidad de decisiones informadas sobre las prioridades de uso del agua, con el objetivo de alcanzar un modelo de desarrollo que la comunidad considere adecuado. Mientras tanto, los centros de datos han pasado de ser infraestructura invisible a un asunto central de discusión política, capaz de movilizar territorios y abrir un diálogo incómodo sobre el futuro desarrollo regional.
