La vicepresidenta ha reiterado ante los gobiernos autonómicos su firmeza en mantener la presión fiscal, argumentando que esta política permite disponer de más recursos financieros para redistribuir entre las Comunidades Autónomas. A pesar del desafío que representa la inflación, la dirigente defiende esta estrategia como una forma de garantizar un reparto más equitativo de los fondos públicos, asegurando así el funcionamiento eficiente de las administraciones regionales. Esta postura, que ha generado debates sobre su impacto económico, subraya el compromiso del gobierno central con el equilibrio fiscal y la cohesión territorial.
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