María Jesús Montero, actual vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez, ha sido designada para dirigir la comisión interministerial encargada de coordinar un nuevo plan de lucha contra la corrupción. Este anuncio ha generado indignación en gran parte de la sociedad andaluza y ha sido catalogado por el Partido Popular como un «insulto a la memoria de quienes no han olvidado los años más oscuros de la gestión socialista en Andalucía».
La decisión se produce tras el estallido del caso Cerdán, que ha llevado a prisión al ex secretario de Organización del PSOE por varios delitos como cohecho y blanqueo de capitales. A pesar de la cercanía de Montero con Cerdán, a quien llegó a defender públicamente, Sánchez ha optado por ponerla al frente de un plan cuya credibilidad es ya cuestionada.
Montero, en su trayectoria, fue consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía durante los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos condenados en el escándalo de los ERE, el mayor caso de corrupción institucional en la historia de España. Su papel como responsable de las cuentas públicas en aquellos años la convirtió en testigo privilegiada de un sistema que permitió el desvío de más de 680 millones de euros en ayudas.
Aparece en numerosas ocasiones en los casos de corrupción más destacados del país, incluyendo Faffe y otros escándalos, pero guarda silencio ante las denuncias que afectan directamente a su partido. Desde el PP, este nombramiento ha sido tildado de “burla” y “lavado de imagen”. La portavoz del PP en el Congreso ha indicado que el gobierno más corrupto no puede liderar un plan anticorrupción, criticando la falta de credibilidad de Montero.
A nivel andaluz, el rechazo hacia Montero es profundo. La percepción de su designación es que representa un intento del sanchismo por frenar el desgaste político tras el caso Cerdán. Las encuestas confirman el rechazo hacia ella, reflejando un desplome en su apoyo, en gran parte debido a su asociación con escándalos de corrupción.
El historial de Montero no solo involucra su papel en los ERE, sino que también ha sido criticada por su vinculación con casos de posible corrupción como el TEAC y el rescate de Air Europa, en el que se la acusa de haber defendido prácticas poco claras. A pesar de estos antecedentes, Sánchez ha confiado en ella para liderar un plan de regeneración.
La indignación en Andalucía por este último episodio es palpable; Montero es vista como parte del problema, y su nombramiento al frente del plan anticorrupción es interpretado como un intento de disimular escándalos. El Partido Popular de Andalucía continuará denunciando esta incongruencia y defendiendo el derecho de los ciudadanos a una política limpia y ética.
Fuente: Partido Popular Andalucía
