La vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acudido en varias ocasiones a Andalucía, donde ha utilizado estas visitas para criticar el modelo sanitario actual de la comunidad. Sin embargo, ha evitado abordar su propia trayectoria como gestora de la sanidad pública andaluza, un periodo que estuvo marcado por opciones polémicas como recortes en el sector sanitario, la amortización de miles de empleos y fusiones hospitalarias que impactaron negativamente en la atención médica.
Durante su mandato en el Gobierno andaluz, Montero fue consejera de Salud y luego de Hacienda, y su gestión es recordada por haber llevado a cabo reestructuraciones hospitalarias que afectaron gravemente a provincias como Granada, Málaga y Sevilla. Las fusiones hospitalarias implementadas bajo su liderazgo resultaron en la eliminación de servicios especializados y en una notable disminución en la calidad de la atención, lo que fue denunciado ampliamente por profesionales del sector.
Más de 7.500 empleos sanitarios fueron eliminados durante su administración, lo que incrementó la carga sobre las plantillas y provocó un aumento significativo en las listas de espera. Este deterioro, justificado entonces por una supuesta búsqueda de «eficiencia», llevó a movilizaciones masivas ciudadanas, siendo el Dr. Jesús Candel, conocido como Spiriman, un fuerte crítico que señaló a Montero como responsable de una “privatización encubierta” del sistema.
En sus recientes intervenciones, Montero se presenta como una crítica del gobierno andaluz, dirigiendo su discurso a la insatisfacción con el modelo actual, pero omitiendo reconocer su propio papel en la crisis sanitaria que vivió la comunidad. En sus apariciones, queda evidente que su relato parece empezar de cero, como si su gestión anterior nunca hubiese sido parte de la historia reciente de Andalucía.
Mientras que en el pasado Montero tomó decisiones que han tenido consecuencias duraderas en el sistema de salud, su retórica actual está llena de promesas grandilocuentes y críticas al gasto y las inversiones en sanidad, sin ofrecer un análisis honesto de sus aportaciones a los problemas actuales. Organizaciones y profesionales del sector recuerdan las secuelas de su gestión, que incluyeron la pérdida de personal y servicios cruciales, haciendo eco de su legado como uno de los más dañinos para la sanidad pública andaluza.
A pesar de la gravedad de los problemas que dejó a su paso, Montero evade abordar su pasado en sus intervenciones y parece que su relación con Andalucía se limita a apariciones esporádicas en fines de semana, dejándola como un escenario político temporal, lejos de la realidad continua que viven los ciudadanos. La actual financiación autonómica, de la que es responsable, mantiene a Andalucía en una situación de infrafinanciación que dificulta el progreso en áreas esenciales como la salud y la educación.
A medida que las críticas de Montero se escuchan en Andalucía, la pregunta que muchos se hacen es cómo puede exigir mejoras en la sanidad con un pasado que contradice su discurso. La historia y los informes que detallan su gestión la siguen, recordando la reducción de servicios y el debilitamiento del sistema que aún afectan a miles de pacientes.
En resumen, las críticas de María Jesús Montero al modelo sanitario actual de Andalucía, lejos de ser vistas como un llamado a la mejora, son percibidas como un intento de desviar la atención de sus propias responsabilidades en la crisis que enfrentó el sistema en el pasado. Las soluciones requieren un enfoque real y una responsabilidad política que, por el momento, parecen ausentes en su discurso. La realidad exige un compromiso claro con la sanidad pública y no meras declaraciones vacías.
Fuente: Partido Popular Andalucía
