La reciente implementación del cupo separatista ha provocado un fuerte descontento social, revelando una grieta profunda en el equilibrio y la solidaridad entre los territorios de España. Este movimiento, que algunos ven como un intento de perpetuar a Pedro Sánchez en el poder, ha levantado una ola de críticas, especialmente dirigidas hacia la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha sido clara en su demanda de dimisión. Consideran que el respaldo a este cupo significa alimentar el riesgo de una «desaparición del Estado» al fomentar un traspaso general de gestión fiscal al nivel autonómico, lo que podría perjudicar a los contribuyentes y dificultar la lucha contra el fraude fiscal.
Desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), aunque se necesita más información para emitir un juicio definitivo, ya se muestra una preocupación por la idea de una aproximación fragmentada a la fiscalidad. Cristina Herrero, su presidenta, ha subrayado que tales reformas podrían poner en riesgo la sostenibilidad fiscal, y ha advertido sobre las pérdidas de eficacia y eficiencia que podrían resultar de esta fragmentación.
La Confederación de Empresarios de Andalucía también ha expresado su oposición a este cambio en el sistema de financiación autonómica, enfatizando que priorizar ciertas comunidades puede acentuar las disfunciones existentes.
A la tensión creada por la implementación del cupo separatista se suman las amenazas de los propios partidos separatistas. Oriol Junqueras ha dejado claro que no apoyarán los Presupuestos Generales del Estado a menos que se cumplan las promesas en términos de recaudación y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Las expectativas generadas durante la reciente comisión bilateral parecen estar lejos de concretarse.
La situación política en Andalucía también se ve afectada. El PSOE de Montero está sufriendo una drástica caída en las encuestas, con un pronóstico desalentador para las próximas elecciones autonómicas. Según el último barómetro del Centra, el partido podría perder entre cuatro y seis escaños, con solo un 16,4% de los encuestados inclinándose por el socialismo.
En paralelo, el Partido Popular de Andalucía sigue manteniendo su mayoría absoluta y cuenta con un alto nivel de confianza por parte de los ciudadanos, lo que pone de manifiesto un cambio en las preferencias políticas en la región.
El descontento no es solo local; a nivel nacional, la gestión de Pedro Sánchez y sus continuas concesiones a socios de gobierno han llevado a un creciente malestar entre la población. Ocho de cada diez andaluces consideran negativa la situación política del país, y Alberto Núñez Feijóo ha superado a Sánchez en intención de voto como futuro presidente del Gobierno.
Montero, ante este escenario adverso, ha hecho afirmaciones que no se alinean con la realidad; asegura que lo negociado es un modelo «singular, federal y generalizable», afirmaciones que muchos consideran engañosas. La historia reciente la ha visto contradecirse en múltiples ocasiones, y su falta de conexión con las necesidades de Andalucía se ha hecho evidente.
Los problemas planteados, como la gestión del Algarrobico, y el uso electoralista de recursos del Estado en temas como la vivienda, indican que el apoyo al PSOE en la región flaquea. Mientras, el Partido Popular se presenta como una opción de transparencia y compromiso real con los ciudadanos.
La búsqueda de una política más digna y democrática parece reclamar un giro en la gestión actual, evidenciando la necesidad de una conexión más efectiva con los ciudadanos y sus problemas cotidianos.
Fuente: Partido Popular Andalucía
