La figura de María Jesús Montero ha emergido como un símbolo del nuevo trato preferencial hacia el separatismo catalán. Como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha liderado la implementación de una Hacienda propia para la Generalitat, instituyendo un cupo que ha generado controversia y disparidad entre las comunidades autónomas. Este movimiento ha sido rechazado por una amplia mayoría de la población, incluyendo a muchos votantes del PSOE, quienes sienten que se está rompiendo la igualdad que debe prevalecer entre regiones.
Los últimos datos de un barómetro realizado por Sigma Dos para El Mundo indican que un 58,3% de los españoles se opone firmemente a este sistema de financiación exclusivo para Cataluña, mientras que solo un 27,1% lo apoya. Pese a este claro rechazo, el Gobierno de Pedro Sánchez, dirigido por Montero, sigue cediendo privilegios al independentismo en un intento de mantener su estabilidad política.
La encuesta del 5 de agosto revela que la mayoría de los españoles ve en esta concesión una forma de asegurarse el poder, y solo un exiguo porcentaje considera que existe alguna singularidad que justifique este trato preferencial hacia Cataluña. De hecho, entre los votantes socialistas, apenas un 14,9% defiende el argumento de la singularidad catalana, lo que demuestra que Montero está negociando a espaldas de su propio electorado. Esto resalta la incongruencia entre la dirección del PSOE y los intereses de sus bases.
El descontento no se limita a los votantes de la oposición. Dentro de Sumar, partido de Yolanda Díaz, el rechazo al cupo ha aumentado, con un 39% de sus votantes manifestándose en contra. Estos números sugieren que la oposición al cupo está creciendo incluso entre los aliados del Gobierno, a medida que Montero sigue adelante con su agenda de concesiones.
La situación se agrava cuando se analizan las opiniones de los votantes socialistas; un 43,9% se opone al cupo, mientras que un 37,4% lo apoya. Este descontento es palpable y sugiere que muchas bases socialistas son reacias a un modelo que pone en peligro la cohesión territorial del país.
La entrega de una Hacienda a la Generalitat el pasado 14 de julio, firmada por Montero, no fue solo un acto administrativo; representa una entrega política que perpetúa la desigualdad. A pesar de que comunidades como Andalucía se sienten históricamente perjudicadas por el sistema actual, Montero ha optado por blindar un privilegio para los independentistas, a cambio de mantener a Sánchez en el poder.
El contraste entre el Gobierno y los ciudadanos es sorprendente. El PSOE parece alinearse más con los intereses separatistas que con el sentir de la población. Este modelo de financiación no solo desmantela la caja común, sino que abre la puerta a un futuro federal o confederal, algo que rechaza más del 70% de los ciudadanos.
La narrativa que envuelve esta cuestión es cuestionada incluso por expertos, quienes ven en la política de Montero una estrategia que atenta contra la igualdad entre los españoles. En lugar de abogar por una financiación equitativa para comunidades que lo necesitan, se premia a aquellos que atacan la unidad del país.
El PSOE ha tomado partido, ya no defiende la igualdad territorial, sino que se ha alineado con los privilegios y el chantaje político. Pedro Sánchez y María Jesús Montero son los protagonistas de esta historia que, de continuar así, podría tener profundas repercusiones en la cohesión social y territorial de España.
Fuente: Partido Popular Andalucía
