La situación de la dependencia en Andalucía se encuentra en el centro del debate político tras las recientes decisiones del Gobierno central. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha expresado su preocupación tras el pacto entre la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el País Vasco, que establece que el Estado asumirá el 50% del coste de la dependencia en esa comunidad. Este acuerdo pone de manifiesto una desigualdad, ya que Andalucía, que atiende al mayor número de personas dependientes del país, sigue sin recibir un trato equivalente.
Durante la inauguración de un nuevo centro residencial en Tomares, Sevilla, López denunció que este tipo de acuerdos son un ejemplo del trato desigual que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aplica entre comunidades autónomas. «Se premia a unos pocos mientras se da la espalda a los más vulnerables del resto del país», declaró, reflejando su indignación ante lo que considera una clara discriminación hacia Andalucía.
López señaló que la decisión del gobierno español confirma las preocupaciones que se han expresado desde el Gobierno andaluz durante meses: la falta de una financiación equitativa para la dependencia. «Hoy nos levantamos con la constatación de una discriminación: Montero da al País Vasco lo que le niega a Andalucía», expresó, mostrando su malestar por lo que considera un abandono injustificado de la comunidad autónoma a la que representa.
La consejera no dudó en cuestionar la lealtad hacia su tierra por parte de Montero, destacando que, a pesar de su origen andaluz, sus decisiones favorecen a otras regiones y no a quienes más necesitan apoyo en Andalucía. «Los dependientes andaluces tienen los mismos derechos que los del País Vasco», enfatizó, exigiendo igualdad de trato para todas las comunidades. También subrayó la difícil situación que enfrenta Andalucía, en la que la Junta debe asumir más del 80% del coste total del sistema de dependencia, en contraposición al 50% que la ley establece que debería cubrir el Estado.
Pese a estos desafíos, el Gobierno andaluz continúa implementando medidas para mejorar la atención a la dependencia. La consejera declaró que la Junta está realizando una “apuesta brutal” en este ámbito, con un aumento significativo en el presupuesto y en el número de personas atendidas y prestaciones. Este esfuerzo ha permitido reducir las listas de espera y optimizar la calidad de los servicios.
Sin embargo, la falta de compromiso del Ejecutivo central sigue siendo un obstáculo, ya que parece beneficiarse a comunidades como el País Vasco, mientras que Andalucía queda desatendida. La dependencia en esta región afecta directamente a más de 250.000 personas, la mayoría de ellas mayores y con discapacidad, junto a sus familias. La consejera fue clara: «Los dependientes no entienden de negociaciones políticas. Solo quieren que se les atienda con dignidad».
La función del Gobierno andaluz será seguir reclamando lo que le corresponde: un trato justo y equitativo en materia de dependencia. La consejera concluyó reafirmando que la Junta no renunciará a exigir lo que establece la ley: el 50% del gasto en dependencia, ni más ni menos, en su lucha por garantizar la dignidad y los derechos de los andaluces.
Fuente: Partido Popular Andalucía
