La vicepresidenta ha establecido el límite de déficit autonómico en un 0,1% para los próximos años, medida que ha sido aprobada únicamente con los votos a favor de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista. Esta decisión se enmarca en el esfuerzo por controlar el gasto público y garantizar una mayor estabilidad económica a nivel nacional. Sin embargo, ha generado críticas por parte de las comunidades no socialistas, que consideran que el margen es demasiado restrictivo y podría afectar negativamente a los servicios públicos y a la inversión en sus territorios. La medida refleja la división política en el manejo de las finanzas autonómicas y plantea un desafío para el consenso interterritorial en materia de política fiscal.
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