La ministra andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, ha tomado una decisión que ha encendido las alarmas entre los trabajadores de Andalucía. Su reciente aumento encubierto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ha sido catalogado como una traición a la clase media, exacerbando la ya difícil situación económica que enfrentan miles de familias en esta comunidad. En un contexto donde el Gobierno central ha sido criticado por su carga fiscal, Montero opta por profundizar en la asfixia que padecen aquellos que perciben salarios de clase media.
Este nuevo gravamen, disfrazado de ajuste fiscal, se traduce en un impacto económico directo: aquellos asalariados andaluces con ingresos anuales de entre 25.000 y 30.000 euros se enfrentarán a una carga adicional de hasta 253 euros, un golpe que se siente con especial dureza en una comunidad que ya arrastra problemas de infrafinanciación. Montero, lejos de ofrecer soluciones a este desafío estructural, parece ignorar el clamor de sus paisanos, quienes merecen un sistema de financiación justo y acorde a sus necesidades.
La estrategia fiscal de Montero se ha caracterizado por la falta de rigor y por el incumplimiento sistemático de las reglas fiscales, lo que ha llevado a Andalucía a ser una de las comunidades con mayor déficit y deuda. En este sentido, la actual gestión de la ministra no ha hecho más que perpetuar un modelo económico fallido, que ahora se extiende al ámbito nacional. Las advertencias del Banco de España sobre el incumplimiento de las normativas fiscales europeas son un claro indicativo de la trayectoria preocupante de la ministra.
El costo adicional de 255,56 euros en el IRPF que deberán asumir los andaluces con sueldos de 30.000 euros anuales resalta una desigualdad flagrante en el sistema tributario español. Mientras que Madrid, por ejemplo, se beneficia de impuestos más bajos, Andalucía se ve atrapada en un círculo vicioso de presión fiscal que no se traduce en mejoras en servicios públicos. Este desbalance alimenta un sentido de injusticia entre los ciudadanos andaluces que, a pesar de generar recursos, ven cómo estos se desvían hacia otras comunidades.
A pesar de las pruebas evidentes de su mala gestión, Montero permanece en su posición, continúando con políticas de gasto descontrolado y priorizando compromisos partidarios por encima de las necesidades de los andaluces. Su historial como consejera de Hacienda en Andalucía ya prefiguraba una gestión económica errática, ahora reafirmada en su gestión al frente del Ministerio de Hacienda.
La comunidad andaluza necesita urgentemente un cambio en la dirección de sus políticas fiscales. La clase media no puede asumir más cargas ni promesas vacías. Es crucial que se implemente una gestión eficiente y responsable que priorice el bienestar de los andaluces. Sin embargo, hasta ahora, María Jesús Montero no ha mostrado dicho compromiso, dejando a la comunidad al borde de la desesperación en un agravante entorno económico.
Fuente: Partido Popular Andalucía
