Desde el 8 de enero, un total de diez presos políticos con nacionalidad española han sido liberados bajo la medida de libertad condicional. Esta decisión representa un paso significativo en la mejora de las relaciones diplomáticas y en la reivindicación de los derechos humanos internacionales. La situación de estos individuos había generado preocupación y atención mediática en ambos países, motivando esfuerzos continuos por parte de organizaciones de derechos humanos y el gobierno español para asegurar su liberación.
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