La expansión y evolución de los centros de datos para la Inteligencia Artificial (IA) están transformando las dinámicas tradicionales del sector inmobiliario tecnológico en Estados Unidos. La tendencia hacia contratos de arrendamiento de corto plazo, que desafía la costumbre de décadas de firmar acuerdos de 10 a 15 años, está generando inquietudes en el ámbito financiero. Este cambio, impulsado por la necesidad de alinear los compromisos con los rápidos ciclos de vida del hardware de cómputo, trae consigo riesgos económicos que podrían no estar plenamente reflejados en los estados financieros.
Moody’s Ratings ha señalado que los hiperescalares están optando por contratos de alquiler más cortos, buscando así flexibilidad frente a los avances tecnológicos. Sin embargo, esta misma agencia advierte que esa flexibilidad puede ser ilusoria, ya que muchos contratos incluyen garantías fuera de balance que actúan como un colchón para los propietarios de los centros de datos. Estas garantías, conocidas como Residual Value Guarantees (RVG), pueden representar un costo significativo para los inquilinos si no se observan con cuidado.
Las RVG aseguran que el inquilino cubrirá la diferencia de valor del activo si el contrato se cancela o no se renueva, incentivando a los promotores a construir instalaciones de gran envergadura bajo condiciones de alquiler inusuales. Este mecanismo, aunque proporciona seguridad a los desarrolladores e inversionistas, puede dejar por fuera de los balances corporativos críticos pasivos que no reflejan completamente el riesgo económico asumido.
El panorama es alarmante si se consideran las cifras proporcionadas por Moody’s: los compromisos de los hiperescalares alcanzaron los 969.000 millones de dólares en arrendamientos futuros, de los cuales 662.000 millones aún no han comenzado. Esta situación pone de relieve un potencial desequilibrio financiero que podría impactar significativamente la presentación de los estados contables y el manejo de las deudas corporativas.
El desafío radica en que muchos de estos compromisos corresponden a activos que están en proceso de construcción o que comenzarán a operar en los próximos años. Esto implica que las decisiones tomadas ahora pueden carecer de la flexibilidad deseada frente a un mercado tecnológico en constante evolución. Además, los ciclos de vida de los componentes clave, que son de apenas cuatro a seis años, obligan a las empresas a reconsiderar sus estrategias continuamente, enfrentándose a decisiones de renovación que casi equivalen a nuevas inversiones.
Por otro lado, la utilización de vehículos de propósito especial (SPVs) en estos acuerdos añade una capa de complejidad a la estructura financiera, asemejando muchos de estos contratos a deuda convencional aunque no se registren como tal. Ejemplos como el de Meta en Louisiana, donde las garantías de valor residual podrían alcanzar los 28.000 millones de dólares, evidencian el riesgo oculto que pueden representar en el balance financiero de una empresa.
Moody’s sugiere que los inversores y analistas deben centrar su atención no solo en las cifras de ahorro de CAPEX, sino en las obligaciones futuras que se asumen con estos contratos y las garantías subyacentes. La transparencia se convierte en un elemento crucial para evitar desajustes financieros y malentendidos en un mercado de IA que, a pesar de su potencial, todavía lidia con incertidumbres significativas en su crecimiento y rentabilidad a largo plazo.
En definitiva, mientras la industria de los centros de datos para IA busca adaptarse a un futuro tecnológico incierto, las estrategias financieras adoptadas hoy determinarán la solidez y viabilidad económica de las empresas involucradas. La planificación cuidadosa, la evaluación de riesgos y una comunicación clara y transparente con los inversores serán esenciales para navegar este complejo paisaje financiero.
