Los sindicatos ANPE, FEDECA, SIAT, SPP, SUP UFP, USIE y USO han decidido unir fuerzas para enfrentar una crisis que se ha abierto entre las aseguradoras sanitarias y el Gobierno, situación que representa un grave riesgo para el servicio sanitario disponible para toda la población. La absorción de funcionarios por el sistema público de salud podría tener consecuencias catastróficas en algunas comunidades autónomas que, en la actualidad, ya tienen dificultades para ofrecer un servicio adecuado a los ciudadanos.
La situación ha sido exacerbada por la mala gestión y la falta de previsión, junto con el proyecto impulsado por la ministra de Sanidad para eliminar la mutua, lo que ha llevado a un abandono de pacientes, algunos en tratamiento, generando una dramática incertidumbre. Este estado de cosas suscita la necesidad de una responsabilidad compartida, no solo en el ámbito gubernamental, sino también entre las aseguradoras. Las entidades aseguradoras deben recordar que la atención sanitaria a los mutualistas nunca ha sido gratuita y que, en muchos casos, su colaboración ha permitido mejorar la imagen y el crecimiento de sus compañías.
Es importante señalar que minimizando el desembarco de un millón y medio de nuevos pacientes en la sanidad pública se ignora el fuerte impacto que esto tendría, especialmente en comunidades que ya están experimentando un colapso sanitario. La carga adicional podría ser insostenible para estos sistemas de salud, poniendo en riesgo la atención a quienes ya la requieren.
Cabe destacar que MUFACE, al igual que cualquier mutua, depende de sus mutualistas, quienes también contribuyen con sus impuestos al sostenimiento del sistema público estatal. En este sentido, la mutua debe ser considerada no como un privilegio, sino como una forma de aliviar la presión sobre la sanidad pública y generar ahorros para el Estado, independientemente de las agendas políticas que la ministra Mónica García pueda proponer.
La movilización programada para el 22 de enero a las 14:00 horas en Madrid representa una clara manifestación de la unidad de los funcionarios civiles frente a lo que podría convertirse en una crisis sin precedentes en la sanidad de todos los españoles. Ante la ineptitud de los políticos y la falta de ética en el comportamiento de las aseguradoras, los funcionarios exigen responsabilidad, compromiso y una colaboración genuina de ambas partes para resolver este problema de manera efectiva.
Fuente: ANPE Andalucía.
