El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, responsabiliza a las redes de tráfico de personas de la crisis migratoria en Ceuta, tras una sentencia del Tribunal Supremo que restringe las devoluciones en caliente. Esta sentencia aborda la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, permitiendo el rechazo solo a quienes intentan superar físicamente las fronteras terrestres, y excluyendo interceptaciones en el mar. El Tribunal Supremo se pronunció ante el caso de un inmigrante argelino interceptado en el mar, estableciendo que el rechazo no aplica al no superar un elemento de contención fronterizo. El Gobierno español y Marruecos coinciden en señalar a organizaciones criminales como responsables de incentivar la migración irregular. JUPOL critica la ambigüedad de la ley y aboga por acuerdos bilaterales que faciliten la devolución de migrantes. Grande-Marlaska, en contacto constante con su homólogo marroquí, planea visitas a Ceuta para abordar la situación conjuntamente.
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