La Junta de Andalucía ha dado un paso adelante en la protección de los consumidores con la implementación de la Orden TDF/149/2025, que entra en vigor el 7 de marzo de 2025. Esta normativa está diseñada para combatir las crecientes estafas por suplantación de identidad que se realizan mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto fraudulentos. Además, la norma busca asegurar una identificación clara de la numeración utilizada para servicios de atención al cliente y llamadas comerciales no solicitadas.
La ejecución de esta nueva regulación será progresiva. En una primera fase, se exigirá a las operadoras bloquear llamadas sin identificación y aquellas con números no atribuidos a ningún servicio o proveedor, según el Plan Nacional de Numeración Telefónica. Esta medida se centra en proteger a los consumidores del aumento significativo de la cibercriminalidad, que ha experimentado un incremento del 313% en Andalucía entre 2019 y 2023, según datos del Ministerio del Interior.
La Orden no solo aborda el ‘phishing’, sino también sus variantes como el ‘smishing’ (mensajes de texto fraudulentos) y el ‘vishing’ (estafas por llamadas telefónicas). Además de bloquear las llamadas sospechosas, las operadoras también deberán restringir los mensajes móviles (SMS, MMS, RCS) que cumplan con los mismos criterios de riesgo.
En un esfuerzo por facilitar la comunicación segura, la normativa asigna los números gratuitos 800 y 900 para servicios de atención al cliente y llamadas comerciales no solicitadas. Esto permite que los consumidores devuelvan llamadas a estos números sin costo alguno, mejorando así la transparencia y seguridad del proceso.
La aplicación de estas medidas se extiende a todas las comunicaciones, tanto las realizadas desde España como las recibidas del extranjero. A partir del 7 de junio, se prohibirá el uso de números de teléfonos móviles para servicios de atención al cliente y para realizar llamadas comerciales no solicitadas.
Con estas medidas, la Junta de Andalucía refuerza su compromiso en la protección de los consumidores y en la lucha contra las prácticas fraudulentas en el ámbito de las telecomunicaciones.
Fuente: Junta de Andalucía.
