El 24 de enero de 2025, la situación de los funcionarios civiles en España se torna cada vez más crítica. Alrededor de un millón y medio de funcionarios y sus familias se encuentran en una encrucijada debido a las complejas negociaciones entre las aseguradoras médicas y el Gobierno. En respuesta a esta crisis, una nueva plataforma intersindical ha emergido, congregando a representantes de diversos sindicatos, incluyendo a GESTHA y APFP, quienes se han unido para trabajar en una solución que frene la creciente incertidumbre sobre la atención sanitaria que afecta a sus miembros.
La plataforma se ha abierto a la incorporación de otras organizaciones sindicales que deseen sumar esfuerzos y priorizar un objetivo común por encima de intereses individuales. También se hace un llamado a aquellos funcionarios que se encuentran en esta problemática y que no pertenecen a ningún sindicato, invitándolos a unirse a la lucha.
La situación es alarmante, ya que la crisis actual no solo impacta a los funcionarios, sino que también puede amenazar la estabilidad de los servicios de salud pública en todo el país. En varias comunidades autónomas, la presión sobre el sistema de salud ha alcanzado niveles preocupantes, lo que motiva a la plataforma a tomar medidas inmediatas.
Entre las acciones que se han puesto en marcha se incluye una solicitud de reunión urgente con el ministro de Función Pública y otros representantes clave del Gobierno antes de que finalice el mes. Esta reunión busca abordar la situación crítica y la incertidumbre que enfrentan los funcionarios. Asimismo, se ha convocado de forma urgente al Consejo General de Muface para informar sobre la situación y adoptar medidas que ofrezcan respuestas inmediatas.
Además, la plataforma está habilitando un escrito de queja dirigido a Muface, permitiendo a los funcionarios canalizar sus incidencias, relacionadas con la cancelación de citas o prestaciones. Esta estrategia no solo busca facilitar la gestión de quejas, sino también establecer un registro de las mismas para posibles acciones legales futuras.
El calendario de movilizaciones está siendo diseñado en función de la evolución de la situación y las demandas que emergen de todos los colectivos a nivel nacional. Los representantes de la plataforma destacan que la atención sanitaria es un pilar fundamental del Estado de derecho, por lo que no debe estar en riesgo por la mala gestión o por las decisiones motivadas por intereses comerciales.
La plataforma continúa instando al Gobierno y a las aseguradoras a asumir la responsabilidad en las negociaciones que afectan directamente a la asistencia sanitaria de los mutualistas y sus familias. Es fundamental que se cumpla con el deber de garantizar la salud y bienestar de la ciudadanía, ya que el fracaso en estas negociaciones podría tener repercusiones devastadoras para todos.
Con todo esto, la plataforma reitera un mensaje claro: la sanidad no debería ser un asunto en juego.
Fuente: ANPE Andalucía.
