La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Andalucía está desarrollando una nueva línea de subvenciones destinada a fomentar la contratación de técnicos de campo por parte de las agrupaciones de Producción Integrada (API) de olivar de la región. Esta iniciativa, que contará con un presupuesto de 4,6 millones de euros para los años 2026 y 2027, busca incentivar la adopción de prácticas de producción integrada en las explotaciones olivareras andaluzas.
El apoyo a la Producción Integrada se centra en aprovechar al máximo los recursos naturales y asegurar una agricultura sostenible a largo plazo, integrando métodos biológicos y químicos de control, así como técnicas que armonicen la protección del medio ambiente con la productividad agrícola. En la actualidad, más de cien asociaciones del sector del olivar en Andalucía cuentan con servicios técnicos especializados, lo que subraya la importancia de estas ayudas para fortalecer el manejo agronómico del cultivo.
Además de las nuevas ayudas, la Consejería está trabajando en la actualización del Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar. Los ciudadanos pueden participar en su elaboración hasta el 20 de febrero, accediendo al borrador del reglamento de manera digital o consultándolo en la sede de la Consejería en Sevilla. La participación puede realizarse de forma telemática o en papel, permitiendo a los interesados enviar sus comentarios sobre el texto al organismo encargado de su redacción, la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera.
La Producción Integrada en Andalucía cubre más de 320.000 hectáreas, representando aproximadamente el 20% de la superficie de olivos en la región. Con más de 30.000 explotaciones adheridas a este sistema, la incorporación de técnicos de campo especializados se presenta como un paso crucial para continuar impulsando prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas con el entorno.
El nuevo reglamento pretende reflejar los cambios que ha experimentado el sector olivarero debido al cambio climático y al avance tecnológico, asegurando así que las regulaciones se ajusten a las necesidades actuales del cultivo. Los criterios incluidos en este marco normativo también abordan el compromiso social y ambiental, enfatizando aspectos como las condiciones laborales, la protección de los recursos naturales, la eficiencia energética y la calidad y seguridad alimentaria.
Fuente: Junta de Andalucía.
